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Programas para su Proteccion y Desarrollo en Colombia

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Contra la pobreza absoluta

Texto de: José Granada, María Elisa Pinzón, Alberto Duque López
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

El formular el diagnóstico para la estrategia del Desarrollo Social en 1986, se encontró que cerca de 2 millones de hogares colombia-nos vivían en la pobreza. De éstos, 922 mil que agrupaban al 21% de la población del país se hallaban en condiciones de pobreza crítica, o sea que su ingreso no les permitía satisfacer siquiera sus necesidades nutricionales básicas. El resto de la población afectada por la pobreza, casi un 23% del total, carecía de posibilidades para atender, al menos en parte, sus necesidades básicas.

El plan de economía social

Como respuesta a este diagnóstico se diseñó y adoptó el Plan de Economía Social que el Presidente Barco definió así: “está orientado a asegurar que el crecimiento económico cumpla una función social y que el desarrollo social sea un factor de crecimiento. De tal manera que el desarrollo sea verdaderamente integral, es decir, que conduzca al mejoramiento armónico de las condiciones de vida de todos los colombianos y de las clases proletarias en particular”.

A fin de encauzar la acción del Gobierno para combatir la pobreza y promover el desarrollo social, fueron diseñadas tres estrategias para responder a las circunstancias y necesidades de los diferentes grupos de población y a las características de las diferentes regiones geográficas: el Plan para Erradicación de la Pobreza Absoluta, el Plan Nacional de Rehabilitación y el Plan de Desarrollo Integral Campesino.

El primero, orientado primordialmente hacia las áreas urbanas, busca modificar los factores sociales y económicos determinantes de la pobreza. El segundo, se adapta a las características de las regiones afectadas por la falta de convivencia y por la ausencia del Estado, a fin de promover el desarrollo de las comunidades, estimular sus actividades económicas y suministrarles la infraestructura de servicios esenciales. Por último, el Plan de Desarrollo Integral Campesino, ofrece apoyo a 4 millones de colombianos que derivan su subsistencia de unos 600 mil minifundios en condiciones precarias de carencia de servicios sociales, baja productividad y falta de acceso a los mercados.

Políticas de desarrollo social

Con las modalidades propias de cada uno de los planes de desarrollo social mencionados, se les es­tructuró para llevar a la práctica las 6 políticas fundamentales de desarrollo social:

  1. Rehabilitar y desarrollar los asentamientos humanos;
  2. Ofrecer servicios de salud básica para todos;
  3. Permitir el acceso a la educación básica para todos;
  4. Garantizar el suministro de bienes básicos y la seguridad alimentaria;
  5. Propiciar la generación de empleo y el mejoramiento de los ingresos de trabajo;
  6. Apoyar el bienestar y la seguridad social de las familias.

Factor esencial común a todas estas políticas, es la participación de la comunidad, a fin de que ésta asuma responsabilidades, decisiones y acciones dentro de los procesos de desarrollo y cambio social, con el objeto de que los logros que se alcancen no sean fruto del paternalismo, sino de una acción concertada entre la comunidad y el Estado. Además, se crea así un nuevo espacio para ampliar la democracia, consolidar la descentralización y legitimar las instituciones.

Avances de la lucha contra la pobreza

La decisión política de llevar a cabo un profundo cambio social mediante el Plan de Lucha contra la Pobreza, ha conducido a una reorientación del Gasto Público para fortalecer la inversión social. Esta creció entre 1986 y 1988 a una tasa anual del 7.6% en términos reales y en un 8.5% en 1989. “Mediante la reorientación del Gasto Público, el Plan Nacional de Rehabilitación, el Plan de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Integral Campesino, han avanzado significativamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos más pobres”. Así lo informó el Presidente Barco al Congreso Nacional, el 20 de julio de 1989.

Para desarrollar las políticas del Cambio Social, nuevos y eficaces instrumentos legales han sido aprobados por el Congreso a iniciativa del Gobierno: normas sobre Reforma Agraria, la Ley de Reforma Urbana, la Reestructuración del Sistema Nacional de Salud, la ampliación de la cobertura del Seguro Social, la modificación del régimen de Pensiones y el Código del Menor, son algunas de las más trascendentales.

Las tres estrategias de Cambio Social han permitido a millones de colombianos, a esa mitad marginada de la nación, recibir el impacto y participar en el proceso de erradicación de la pobreza. Las acciones para rehabilitar los asentamientos humanos subnormales, reubicar los que se encuentran en situación de alto riesgo y extender los servicios de acueducto y alcantarillado, (Programa de Ajuste Sectorial que prevé la inversión de 450 millones de dólares), han beneficiado a más de 150 mil familias.

Los programas de Salud Básica han concentrado sus acciones en la atención de la madre y el niño. Gracias a la organización de más de 4 mil Comités de Participación Comunitaria en Salud, se está llevando a la realidad la Salud Básica para Todos mediante un proceso de concertación que integra a la comunidad usuaria, los Alcaldes y los Directores de los organismos de salud en la adecuación de la prestación de los servicios a las necesidades específicas de los habitantes de cada localidad. Un nuevo modelo de atención en salud que hace énfasis en la prevención de la enfermedad y en la educación para la salud y que permite diagnosticar y tratar de manera más eficaz la enfermedad, está en marcha para atacar en sus causas las alteraciones más frecuentes de salud.

La universalización de la Educación Básica ha dado un gran salto adelante con la masiva capacitación de maestros para extender la modalidad de la Escuela Nueva en las zonas rurales. La promoción automática, la participación de la comunidad y el apoyo nutricional a 1 millón 500 mil alumnos en los restaurantes escolares, han disminuido la altísima deserción escolar. El suministro gratuito de textos y material didáctico y la dotación de bibliotecas en las escuelas, han contribuido, junto con la capacitación y el mejoramiento en las condiciones económicas de los maestros, a mejorar la calidad de la educación.

Con el fomento de 8 productos básicos para la alimentación que ha logrado impulsar el Ministerio de Agricultura, se ha aumentado la oferta de alimentos básicos, se ha mantenido un mejor control sobre las tendencias inflacionarias de este renglón de la canasta familiar y se ha podido disponer de excedentes a costos moderados para los programas de Seguridad Alimentaria, de Complementación Nutricional y de los Hogares de Bienestar.

En relación con las políticas de empleo, el Informe del Presidente Barco al Congreso en julio de 1989, dice: “El desempleo en Colombia es un fenómeno que nos afecta desde hace muchos años. Todavía no hemos logrado el ideal del pleno empleo. Aun así, las oportunidades de obtener un trabajo adecuado han mejorado considerablemente. De un desempleo del 15% que existía a mediados de 1986 en las cuatro ciudades principales, hemos descendido, en junio de este año, como lo muestran las cifras del DANE, a una tasa del 10.1%, que es el nivel más bajo de los últimos 7 años. Además, la reducción del desempleo no solamente se ha manifestado en las ciudades principales. También en las ciudades intermedias y en el sector rural ha descendido significativamente en relación con el nivel registrado en 1986”.

En 1989 el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, adelantó una encuesta para medir el empleo en el campo. Esta investigación no se realizaba en el país desde 1981. Se encontró que hay 5 millones de personas ocupadas en el sector rural y una tasa de desempleo del 4.6%. Estudiando el comportamiento del mercado laboral rural y utilizando criterios señalados por algunos investigadores, se puede estimar que en la presente administración se han creado 185 mil empleos rurales.

Las consideraciones anteriores permiten concluir que en la actual admi- nistración se han creado un total de 971 mil empleos entre junio de 1986 y junio de 1989.
Cuando se examinan las cifras totales, se confirma que la política seguida ha conllevado grandes beneficios. No sólo ha aumentado el número de puestos de trabajo disponibles sino que, además, se han mejorado las condiciones de los trabajadores.

Por último, en el campo de la Seguridad Social y el bienestar de los hogares, es indispensable citar como una de las experiencias más innovadoras, la atención de niños de 2 a 5 años en los Hogares de Bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en 1990 beneficia a 800 mil niños y en 1994 llegará a la totalidad de la población objetivo formada por 1millón 200 mil. A ellos se agregan 300 mil niños menores de 2 años que han sido incluidos en las metas del Plan de Seguridad Alimentaria, para ampliar y fortalecer el Programa de Nutrición Materno Infantil del mismo Instituto que ya cubre a 400 mil binomios madre-niño.

Un propósito nacional

Por primera vez ha adquirido una dimensión masiva la acción del Estado, para mejorar las condiciones de vida del sector informal que tradicionalmente había carecido de seguridad social y de programas orgánicos tendientes a romper los eslabones que integran el círculo vicioso de la pobreza.

Desde éste punto de vista, el Plan de Lucha contra la Pobreza no puede considerarse como una respuesta exclusivamente coyuntural para los problemas sociales, sino como un auténtico propósito nacional, tendiente a incorporar el sector marginado de la sociedad a la corriente de la economía para mejorar su capacidad de consumo, elevar sus ingresos y hacerlo partícipe de los beneficios de la acción del Estado.

En su informe al Congreso Nacional de julio de 1989, el Presidente Barco resumió su pensamiento en los siguientes términos:

“La nueva política social está destinada, más que a aliviar las tensiones, a transformar la nación. Se busca que el Estado responda a las necesidades de las gentes para lograr su plena participación y aporte a la vida social, económica y política del país. El Gobierno ha orientado su política de gasto e inversión en el sector social, de acuerdo con las aspiraciones de cambio de los propios beneficiarios de la acción pública.

La política social no está diseñada para suplir temporalmente deficiencias en el ingreso o para suministrar servicios deficientes y esporádicos. El desarrollo social significa, ante todo, la transformación de las condiciones que generan la pobreza, mediante procesos auto-sostenidos de mejoramiento económico y de los ingresos para las personas y las zonas marginadas del bienestar.

Hemos adelantado un gran esfuerzo para suministar más y mejores servicios públicos y sociales, especialmente en las áreas que históricamente han carecido de ellos. También estamos distribuyendo las oportunidades de progreso para garantizar que los cambios en las condiciones de vida sean estructurales, permanentes y de fondo”.

 

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